Aporte semana 7
VIOLENCIA
SINDICAL EN COLOMBIA
El exterminio de sindicalistas
que se ha dado a lo largo de treinta años se explica en parte por su
participación directa en la pugna por el poder local, lo que en otras latitudes
habría sido perfectamente normal.
·
Treinta
años de asesinatos
El
movimiento sindical y los sindicalistas de Colombia han sufrido un verdadero
genocidio en los últimos 30 años. Cifras confiables aportadas por las centrales
sindicales y las organizaciones más especializadas que hacen monitoreo del tema
-como la Escuela Nacional Sindical y el Centro de Recursos para el análisis de
Conflictos, CERAC- constatan la tragedia que significa unos 3.000 homicidios.
Ello
ha ocurrido en medio de un largo ciclo de violencia, que no ha terminado: en
2010 fueron asesinados 48 sindicalistas, la cifra más alta en el mundo, lo cual
sitúa a Colombia como el país más peligroso para ejercer la actividad sindical.
Podemos
identificar tres grandes momentos en esta historia de violencia:
1. Comienzos
de los 80 hasta la promulgación de la Constitución de 1991.
2. Del
1991 hasta la primera posesión del presidente Álvaro Uribe.
3. De
2002 hasta hoy.
Este
texto caracteriza el contexto histórico dentro del cual se ha producido
semejante catástrofe y arriesga algunas hipótesis para esclarecerlo y superarlo
al iniciarse un gobierno que pretende recuperar la plena vigencia de los
derechos humanos y el ejercicio de la acción sindical con garantías.
Este
compromiso oficial implica que violencia y criminalidad queden en el pasado,
que sus responsables sean judicializados, que las víctimas obtengan reparación
y que el movimiento sindical sea honrado por la sociedad colombiana.
Régimen
cerrado y ascenso de la acción sindical: 1980-1991
A
comienzo de los años 80, en medio de una marcada inconformidad con las
políticas económicas y sociales y del autoritarismo y violación de los derechos
humanos bajo el gobierno de Turbay Ayala, sectores del movimiento sindical se
dieron a la tarea de reivindicar una ampliación de la democracia y se articularon
estratégicamente con organizaciones de izquierda, que planteaban tesis
políticas con las que se identificaban.
De
manera particular habría que mencionar la conducción casi hegemónica que
aplicaba el Partido Comunista sobre la Confederación Sindical del Trabajadores
de Colombia (CSTC), en la cual se formó y de la cual fue dirigente el actual
vicepresidente Angelino Garzón.
Otras
agrupaciones de izquierda militaban en lo que se denominaba el sindicalismo no
confederado, y era muy importante su presencia política en las organizaciones
sindicales de mayor importancia: magisterio, trabajadores del Estado y sector
energético.
Con
el inicio de la administración del presidente Belisario Betancur y los intentos
de reformas para modernizar el Estado, ampliar la democracia, garantizar los
derechos ciudadanos e integrar regiones a la vida nacional, se abrió una nueva
arena política, que permite explicar la criminalidad y la violencia contra el
movimiento sindical en esa década.
La
hipótesis que presento para el debate, es que la violencia y criminalidad
contra los sindicalistas en los 80 surgió debido a su participación política,
pero además por
la disputa de hegemonías locales que se abrieron gracias a la más importante
reforma política de la década: la elección popular de alcaldes. En medio de tal
dinámica política, se encontraría la explicación de esa violencia.
La
década de los 80 estuvo marcada por la irrupción de fuerzas sociales y
políticas que propugnaban por la modernización del país. Las más importantes
fueron el Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica (UP), esta última piloteada
por el Partido Comunista en asocio con unas FARC en "tregua". (Las
comillas obedecen a la constatación de que las FARC aprovecharon la oportunidad
para ampliar su presencia, formar a sus mandos y equiparse para la ejecución de
su Plan Estratégico).
Frente
al intento de ampliar la democracia, se desató un movimiento de negación de
esas reformas, en medio de disputas por los poderes locales surgidos en las
nuevas dinámicas generadas por la elección popular de alcaldes. Estas disputas
tomaron formas violentas y afectaron a los sindicalistas que participaban de
manera activa en la UP y en otras agrupaciones políticas, y que pugnaban
abiertamente por el poder local.
Merecen
mención especial los procesos regionales donde la violencia contra el
sindicalismo fue particularmente intensa, como en Urabá y el Magdalena Medio.
Este fenómeno se explica en parte por la articulación entre disputas por
el poder local y una lógica de lucha contra las guerrillas que asociaba la
acción sindical con la "combinación
de todas las formas de lucha". Es obvio que nada
justifica el crimen y la violencia sufridos por personas que ejercían la acción
sindical y política, y que las afinidades y articulaciones con organizaciones
guerrilleras debían ser judicializadas cuando se incurriera en delitos.
La
violencia contra sindicalistas en la década de los 80 buscó frenar la
participación de terceras fuerzas en la disputa por el poder local. A aquellos
sectores sindicales que eran vistos como aliados de la guerrilla, se les
enfrentó como enemigos de guerra, con prácticas ilegales donde participaron
activamente agentes del Estado en alianzas con mafiosos y élites políticas
locales.
Constitución
de 1991 y profesión peligro
Con
la Constituyente del 91 -que cumple 20 años el 4 de febrero- se dio un proceso
de reordenamientos e intentos de ampliación de la democracia y reconocimiento
de derechos, que paradójicamente agudizan las disputas por el poder local. Esto
tensionó aún más a los actores que habían recurrido a la violencia y que habían
puesto a los sindicalistas en el blanco de su acción.
Considerando
el nuevo ciclo de violencia que se gesta con los opositores a la Constitución
del 91 (élites regionales, mafias y guerrillas), la acción sindical en muchas
regiones se convierte en una "profesión
peligro". Los factores ya enunciados de la década anterior se
mantienen en mayores grados, de modo que la violencia se intensifica y sectores
como los trabajadores de la salud comienzan a ser vistos como enemigos por
guerrillas y paramilitares.
La
decisión de las FARC de escalar en el nivel de tensión del conflicto armado, de
expandirse y de consolidarse en nuevas zonas, disputando rentas y controlando
territorios, condujo a que el trabajo sindical se diera necesariamente en
"zonas de guerra". A lo anterior se sumó la acción del ELN en el
norte y noroccidente del país, y la articulación del paramilitarismo con las
AUC desde 1997, con su obsesiva predilección por las prácticas de terror.
En
medio de esta dinámica violenta, la acción sindical no pudo realizarse sin
asumir la lógica de amigo/enemigo: los
sindicalistas debían plegarse a los grupos armados, consentir en sus demandas,
articularse a la capturas de rentas y transigir con sus mandatos, o se
convertían en contradictores a los cuales había que eliminar. Así, fue la
década con un mayor número de sindicalistas asesinados.
Esta
criminalidad no pudo darse sin la complicidad o permisividad por parte de
empresarios, políticos locales y agentes del Estado.
Uribe
y el desmonte parcial del paramilitarismo
A
pesar de que Álvaro Uribe postuló la tesis de "Ni un sindicalista más asesinado", en
sus ocho años de gobierno asesinaron a más de 500.
Los
sindicalistas siguen siendo asesinados por ejercer su labor; sus enemigos son
las organizaciones armadas ilegales, pero los paramilitares son de lejos los
que más víctimas han producido, lo que no descarta que guerrillas y agentes del
Estado hayan participado también en la acción criminal.
En
este largo ciclo de barbarie contra el movimiento sindical, el homicidio no ha
sido la única modalidad. También se deben mencionar la desaparición forzada,
torturas, amenazas, desplazamiento forzado o detenciones arbitrarias, de las
que han sido víctimas las personas que han perseverado en el legítimo derecho
de la organización sindical y la tramitación colectiva de sus exigencias.
Total de violaciones contra
sindicalistas
1986-2007
Tipo de violación
|
Número de casos
|
Porcentaje %
|
Allanamientos
ilegales
|
37
|
0.4
|
Amenazas
|
3478
|
40.4
|
Atentados
|
211
4
|
2.4
|
Desapariciones
Forzadas
|
185
|
2.1
|
Desplazamientos
Forzados
|
1300
|
15.1
|
Detenciones
Arbitrarias
|
428
|
4.9
|
Hostigamientos
|
190
|
2.2
|
Homicidios
|
2534
|
29.4
|
Secuestros
|
159
|
1.8
|
Torturas
|
79
|
0.9
|
Total
|
8601
|
100
|
Fuente
Banco de datos de DDHH - ENS.
Impunidad
y esperanza
Una
realidad indiscutible ha sido la abrumadora impunidad durante los últimos 30
años, con grave afectación sobre un movimiento sindical de por sí muy precario
en su organización y capacidad de incidencia social y política. Lo anterior es
evidencia mayor de que contamos con un Estado de Derecho ausente en muchos
territorios, unas instituciones estatales inoperantes y un entorno social que
no garantiza el libre ejercicio de la ciudadanía.
La
violencia contra el movimiento sindical ha sido objeto de condenas y de presión
internacional para que sea sancionada y superada, y sus víctimas resarcidas en
sus derechos, incluidas las organizaciones que se vieron afectadas.
En
medio de tan grave situación, el nuevo gobierno del Presidente Santos se ha
comprometido a garantizar la acción sindical, el esclarecimiento de la acción
criminal con sanción a sus responsables y ha expresado su voluntad de cero
tolerancia frente a las violaciones de derechos humanos y al asesinato
sistemático de sindicalistas.
